El arrebato imprudente de Trump por el poder, la riqueza y el petróleo en Venezuela

¿Quién gana y quién asume los costos? 

“Dentro de diez años, dentro de veinte años, lo verán: el petróleo nos traerá la ruina. El petróleo es el excremento del diablo”. — Juan Pablo Pérez Alfonso, exministro venezolano de Minas e Hidrocarburos y cofundador de la OPEP, 1975 

El ataque del presidente Trump contra Venezuela y la captura forzada del presidente Maduro el pasado fin de semana han sido ampliamente condenados como un acto ilegal de guerra y un abuso de poder alarmante. Se trata de un arrebato de poder concebido para reconfigurar el nuevo orden mundial conforme a la visión trumpista. El propio presidente ha llegado incluso a acuñar el término “Doctrina Donroe”, en referencia a la histórica Doctrina Monroe, que sentó las bases de las pretensiones de Estados Unidos sobre todo el hemisferio occidental. Se trata, sin ambigüedades, de imperialismo impulsado por los combustibles fósiles. 

Las acciones de la administración Trump en Venezuela constituyen una clara advertencia a otros países de América Latina que históricamente han cuestionado el poder estadounidense en la región, como Cuba. Algunos analistas sostienen, además, que la acción militar busca debilitar la posición de China, que actualmente recibe alrededor del 80 % del crudo venezolano. Sin embargo, los ataques de Trump también podrían alentar una mayor agresión por parte de China y Rusia contra otros Estados nación, contribuyendo a una mayor desestabilización del orden internacional. 

No cabe duda de que el petróleo es un componente central del plan de Trump. Un financista que forma parte del comité de acreedores de la deuda soberana de Venezuela llegó a afirmar que la apuesta de Trump por Venezuela podría “reordenar por completo la configuración energética mundial”. 

Sin embargo, la reorganización de la industria petrolera venezolana se enfrenta a numerosos obstáculos, entre ellos la continua inestabilidad y la necesidad de invertir decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares para reconstruir la infraestructura profundamente deteriorada del país. A pesar de los aumentos en los precios de las acciones tras la captura de Maduro, las ganancias reales para las grandes petroleras podrían tardar muchos años en concretarse. 

Incluso si Trump lograra aumentar la producción de petróleo en Venezuela, el modelo de negocio de la industria petrolera garantizaría que la mayor parte de los ingresos y beneficios nunca llegaran al pueblo venezolano. Por el contrario, podría implicar costos adicionales para los contribuyentes estadounidenses, quienes podrían terminar subsidiando el regreso de las

petroleras a Venezuela. Es probable que los principales beneficiarios sean únicamente las empresas extranjeras y los miembros de la ya poderosa élite petrolera venezolana. 

El planeta también saldrá perjudicado. El propio Trump ha reconocido que el crudo venezolano, con un alto contenido de carbono y azufre, es “probablemente el petróleo más sucio y de peor calidad del mundo”. Según el Banco Mundial, Venezuela es el quinto país con mayor quema de gas a nivel global. 

“Si aumenta la producción de petróleo, el cambio climático se agravará antes y todos perderemos, incluidos los venezolanos”, declaró John Sterman, experto en clima y economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), al diario The Guardian. 

A continuación, se describen algunas de las principales entidades que podrían beneficiarse de una toma de control del petróleo venezolano, y se explica cómo la población de Venezuela y de Estados Unidos asumiría los costos. 

“Nuestro hemisferio” y “nuestro petróleo robado” 

La agenda de la administración Trump para América Latina quedó claramente expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”. 

Para Venezuela y otros países, esta doctrina ya se había aplicado durante meses, mediante ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y un importante despliegue militar en la región. Para Trump, el control de los recursos dentro de la esfera de influencia estadounidense constituye un elemento clave de la llamada “Doctrina Donroe”, en particular en lo relativo a los recursos energéticos. 

Trump ha situado de manera explícita y pública al petróleo en el centro de su estrategia hacia Venezuela, recurriendo a su habitual combinación de desinformación, exageración y retórica grandilocuente. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente dañada — la infraestructura petrolera – y empiecen a generar dinero para el país”, declaró tras la captura de Maduro. 

Trump sostiene que Venezuela “se llevó ilegalmente todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo, y queremos recuperarlo”. Presumiblemente, se refiere a la renegociación de los activos petroleros impulsada por el presidente Hugo Chávez en 2007. 

Lo ocurrido, en realidad, no fue nada excepcional. Los países productores de petróleo con frecuencia han intentado renegociar las condiciones impuestas por las compañías petroleras internacionales para obtener acuerdos más favorables. Chávez propuso que la empresa estatal

Petróleos de Venezuela (PDVSA) controlara una participación mayoritaria en todas las operaciones del país. Chevron aceptó renegociar y permaneció en Venezuela, convirtiéndose en la única empresa estadounidense que sigue operando allí. Otras compañías, como ConocoPhillips y Exxon, se retiraron y recurrieron a un panel de arbitraje del Banco Mundial, que les otorgó compensaciones multimillonarias, aún no pagadas en su totalidad. Empresas europeas como ENI (Italia) y Repsol (España) también mantuvieron operaciones en el país. 

En declaraciones al programa Fox and Friends, Trump afirmó: “Vamos a estar muy involucrados” en la industria petrolera venezolana, y añadió: “Tenemos las mejores compañías petroleras del mundo, las más grandes, y vamos a participar muy activamente”. 

¿Quiénes ganan? 

Si las ambiciones de Trump llegaran a concretarse, lo cual dista mucho de ser seguro, las compañías petroleras estadounidenses podrían obtener ganancias claras y considerables gracias al acceso renovado a las reservas venezolanas. Los posibles beneficiarios se agrupan en tres categorías: 

1. Productores de petróleo y empresas de servicios de extracción de petróleo 
2. Refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos especializadas en refinar crudo pesado 
3. Fondos de capital privado, fondos de cobertura y otros inversionistas 

“Las mayores compañías petroleras del mundo” 

La única empresa petrolera estadounidense que permanece en Venezuela, Chevron, tiene una presencia en el país que se remonta a más de un siglo. Gulf Oil, adquirida por Chevron en 1984, abrió su primera oficina en Venezuela en 1923. Se retiró en la década de 1970 durante la primera ola de nacionalizaciones, pero regresó en 1996 para formar la empresa conjunta que aún mantiene con PDVSA. Debido a esta larga trayectoria y presencia continua, Chevron es considerada una empresa que se encuentra en una posición única para beneficiarse del levantamiento de las sanciones y una posible estabilidad política duradera. 

Exxon y ConocoPhillips se retiraron en 2007 y obtuvieron compensaciones por miles de millones de dólares que aún no han sido pagadas en su totalidad. Al menos un análisis

especializado ha cuestionado la legitimidad de estos laudos, concluyendo que ExxonMobil y ConocoPhillips utilizaron el proceso de arbitraje para, en la práctica, reescribir los términos contractuales y obtener ganancias extraordinarias que nunca estuvieron garantizadas. Trump ha calificado de forma engañosa lo ocurrido como un robo, con el fin de presentar su arrebato de poder como un acto de justicia, o al menos de represalia. Según The New York Times, ConocoPhillips mantenía negociaciones con Maduro para un acuerdo de comercio de petróleo incluso el año pasado. Aunque ninguna de las dos empresas ha emitido declaraciones oficiales desde la captura de Maduro, es probable que ambas exploren vías para obtener la compensación que reclaman desde hace casi dos décadas, e incluso más. 

Como informó Drilled, ExxonMobil y Chevron también podrían beneficiarse de la presión estadounidense sobre Venezuela en otro sentido: en la medida en que esta contribuya a proteger sus inversiones y su creciente producción en la vecina Guyana. El gobierno de 

Maduro había intensificado una disputa fronteriza relacionada con la región petrolera guyanesa, que es clave para los planes de expansión global de Exxon. 

Algunos de los principales donantes de Trump vinculados al sector de los combustibles fósiles también buscan participar, pese a no tener historial previo en Venezuela. Harold Hamm, el influyente magnate del fracking y asesor cercano de Trump, declaró al Financial Times que su empresa, Continental Resources, “definitivamente” consideraría invertir en Venezuela si se lograra una “mayor estabilidad regulatoria y gubernamental”. Aunque estos productores son los candidatos más evidentes para acceder a la riqueza petrolera venezolana, muchos otros compiten por una eventual oportunidad. Las empresas europeas ENI y Repsol, que han mantenido operaciones en el país, también podrían buscar expandir su presencia. 

Empresas de servicios petroleros 

Las compañías productoras de petróleo, como Exxon y Chevron, suelen contratar a empresas de servicios petroleros para gestionar las operaciones cotidianas de extracción. Estas empresas podrían beneficiarse de contratos de servicios altamente lucrativos. 

El lunes, las acciones de Halliburton subieron casi un 10 %, y otras empresas de servicios petroleros, como SLB y Baker Hughes, también registraron alzas. Halliburton, una empresa con sede en Houston históricamente vinculada al exvicepresidente Cheney y al desastre de la guerra de Irak, presentó lo que se ha descrito como una “demanda inusual”, en la que reclama 200 millones de dólares en compensación a Venezuela, apenas unas semanas antes de la captura de Maduro. La demanda sostiene que la salida de Halliburton de Venezuela, derivada de las sanciones estadounidenses, fue responsabilidad del propio Estado venezolano. Según The Lever, Halliburton se beneficiaría si se instalara en Venezuela un gobierno favorable a Estados Unidos dispuesto a resolver estas reclamaciones.

Refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos 

Las refinerías de la costa del Golfo podrían beneficiarse de la ofensiva de Trump en Venezuela incluso antes que los productores de petróleo. Muchas de estas refinerías están diseñadas específicamente para procesar el tipo de crudo pesado y con alto contenido de azufre que predomina en la producción venezolana. En su punto máximo, en 1997, procesaban alrededor de 1,4 millones de barriles diarios (bpd), según Reuters. En 2025, con una producción total venezolana de aproximadamente 1,1 millones de bpd, dos tercios de los cuales corresponden a crudo pesado, las refinerías de la costa del Golfo solo recibieron unos 140 000 bpd. Gran parte del resto se envió a China. 

Si las acciones de Trump provocan que el petróleo venezolano se redirija hacia la costa del Golfo, el aumento de la oferta de crudo pesado reducirá los precios para los refinadores de esa región. Actualmente, el suministro de este tipo de crudo a las refinerías de la costa del Golfo está dominado por petróleo canadiense transportado por oleoductos. Las importaciones procedentes de México y Venezuela han disminuido debido al agotamiento de los yacimientos mexicanos y a las sanciones impuestas a Venezuela. Con nuevos flujos desde Venezuela, el mercado de la costa del Golfo quedará bien abastecido, lo que provocará una reducción de los precios. Ya comienzan a observarse estos efectos. Tras el anuncio de Trump el martes por la noche de que Venezuela había acordado enviar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, Bloomberg informó que los precios del crudo pesado canadiense en la costa del Golfo “se desplomaron” el miércoles. 

Como señaló con entusiasmo un analista en un conocido sitio de noticias sobre la bolsa de valores: “Si tienes acciones de Valero, Phillips 66 o Marathon Petroleum, te acabas de ganar la lotería”. 

Capital privado y otros inversionistas 

Quienes poseían acciones de las empresas mencionadas registraron aumentos inmediatos en el valor de dichas acciones tras la captura de Maduro. Si Venezuela se abre a la inversión estadounidense y aumenta su producción petrolera, estas ganancias podrían ampliarse y mantenerse. Pero, ¿qué ocurre con los otros actores de gran peso? ¿Los fondos de capital privado, los gestores de fondos de cobertura y otras élites multimillonarias que pueden, o no, contar con información privilegiada sobre lo que realmente está ocurriendo y sobre cómo obtener beneficios rápidos? 

Uno de los fondos de cobertura que ha recibido mayor atención en los últimos días es Elliott Investment Management, fundado por Paul Singer, un multimillonario donante de Trump. La oferta de Elliott de 6 000 millones de dólares para adquirir Citgo, una refinería estadounidense considerada la “joya de la corona” de los activos petroleros venezolanos, fue aprobada por un juez federal el pasado noviembre. La venta aún requiere autorización regulatoria, que según

The Financial Times ahora es más probable tras la destitución de Maduro. Citgo opera tres refinerías en Estados Unidos, dos de ellas en la costa del Golfo, que están diseñadas para procesar el crudo pesado venezolano. 

Según The Wall Street Journal: “Elliott parece estar preparado para cosechar los frutos de poseer el activo petrolero extranjero más valioso de Venezuela. El cambio de régimen podría conducir a un aumento en la producción petrolera venezolana, lo que probablemente proporcionará crudo barato a las refinerías de Citgo en la costa del Golfo y aumentaría el valor de la empresa”. 

Quién pierde y cómo 

La incursión en Venezuela habría causado la muerte de al menos 75 personas, 32 de ellas cubanas. Las acciones de la administración Trump en Venezuela, desde las ejecuciones arbitrarias de personas en supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico hasta la incautación de petroleros y la incursión en Caracas, dejan claro que ya ni siquiera se mantiene la apariencia de que las leyes y normas internacionales se aplican a quienes se consideran superpotencias. En este nuevo desorden mundial, todos perdemos. 

Es importante recordar que Estados Unidos ya es el mayor productor mundial de petróleo y gas, así como el mayor contaminador climático de la historia. La inversión respaldada por Estados Unidos para aumentar la producción petrolera venezolana en las próximas décadas también alimentará la crisis climática en curso. La mayoría de las reservas venezolanas corresponden a crudo pesado, que es especialmente perjudicial para el medio ambiente. Incluso si no fuera así, la producción actual de combustibles fósiles ya es suficiente para llevar al mundo muy por encima de los 1,5 °C de calentamiento, lo que expondría a un número creciente de comunidades a desastres climáticos. 

Las comunidades situadas en la primera línea de los impactos sobre la salud derivados de esta producción también resultarían perjudicadas. Las refinerías estadounidenses diseñadas para procesar crudo pesado venezolano se concentran mayoritariamente en la costa del Golfo de Estados Unidos, donde las comunidades negras, latinas, indígenas y de bajos ingresos ya están expuestas a niveles devastadores de contaminación procedente de los combustibles fósiles. 

Hasta ahora, las compañías petroleras se muestran cautelosas ante la reanudación de la producción en Venezuela debido a la persistente inestabilidad política y a las enormes cantidades de capital necesarias. Los analistas  especialistas en energía de Rystad Energy estiman que serían necesarios alrededor de 53 000 millones de dólares en los próximos 15 años solo para mantener la producción actual de 1,1 millones de barriles diarios de crudo venezolano. Para elevarla hasta los niveles de auge anteriores, de 3 millones de barriles diarios, se requerirían al menos 183 000 millones de dólares durante las próximas dos décadas. Se trataría de

inversiones de alto riesgo en un contexto en el que la demanda mundial de petróleo se encamina a alcanzar su punto máximo en los próximos 5 años, y en el que las políticas de Trump no han logrado frenar por sí solas una transición energética global que avanza con rapidez. 

Si aún así se siguiera adelante, es probable que los riesgos recaigan sobre el sector público. El pueblo venezolano probablemente obtendrá pocos beneficios y el contribuyente estadounidense asumirá costos significativos. A continuación se explica cómo ocurriría. 

Rystad señala que las empresas internacionales aportarían una parte del capital necesario para reconstruir la industria petrolera venezolana, pero que una proporción considerable provendría de PDVSA. Esto implicaría que PDVSA tendría que reinvertir gran parte de los ingresos obtenidos de la venta del petróleo en este esfuerzo, en lugar de destinarlos a los servicios sociales tan necesarios o al desarrollo del resto de la debilitada economía venezolana. A ello se suma que los acreedores internacionales probablemente exigirán el pago de la enorme deuda venezolana, gran parte de la cual está vinculada a PDVSA, repitiendo un ciclo de injusticia observado en el Sur Global, donde numerosos gobiernos se ven obligados a destinar más recursos al servicio de la deuda que a la salud o a la educación. 

Podrían pasar décadas antes de que PDVSA reciba ingresos sustanciales de una industria petrolera revitalizada, debido a la estructura de los acuerdos de reparto de beneficios que suelen imponer las compañías petroleras internacionales, especialmente cuando invierten en países donde han sufrido pérdidas anteriormente. Estos acuerdos suelen conceder a las empresas la mayor parte de los ingresos durante el período de “reembolso del capital”, mientras que el país anfitrión recibe solo una parte minoritaria. El tipo de capital y los plazos señalados por Rystad sugieren que podrían transcurrir más de veinte años desde el inicio de la inversión hasta que Venezuela comience a recibir la mayor parte de los ingresos derivados de la nueva producción petrolera. 

La administración Trump podría intentar incentivar a las compañías petroleras estadounidenses que se muestran reticentes a invertir en Venezuela mediante subsidios, es decir, con el dinero de los contribuyentes. 

Un exfuncionario de la administración Trump ya sugirió que los instrumentos utilizados por Estados Unidos para respaldar las operaciones de sus empresas en el extranjero, como el Banco de Exportaciones e Importaciones y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, podrían verse obligados a hacerlo. Esto se sumaría a los casi 35 000 millones de dólares que el gobierno federal ya destina cada año a subsidiar la industria de los combustibles fósiles. 

Mientras millones de personas carecen de acceso a la atención sanitaria y luchan por progresar en una economía cada vez más polarizada, las acciones de Trump amenazan con canalizar aún más riqueza hacia los multimillonarios y los accionistas del sector petrolero a costa de la población trabajadora estadounidense. A ello se suma una crisis climática que esta administración se niega incluso a reconocer, así como una creciente inestabilidad y conflictividad global que afecta a personas en todo el mundo. Las medidas de Trump suponen

una amenaza para todos. Como se observa en tiempo real, quienes sufren primero y con mayor intensidad estas crisis interrelacionadas son los países del Sur Global, que históricamente han sido tratados como colonias de recursos por las potencias occidentales. 

Una industria petrolera venezolana controlada por Trump y los suyos no beneficiará ni a los venezolanos ni a la ciudadanía estadounidense. En cambio, enriquecerá a los ejecutivos del sector petrolero y a las élites, mientras desestabiliza al país y agrava la crisis climática. 

Los ataques imprudentes e ilegales de Trump contra Venezuela constituyen un paso más hacia el desmantelamiento de un orden internacional que, en teoría, debía basarse en la cooperación y el respeto a la soberanía, aunque en la práctica haya fracasado en numerosas ocasiones. Nadie está a salvo en un mundo donde el imperialismo impulsado por los combustibles fósiles se ha convertido en la norma. Para proteger a nuestras comunidades de los desastres climáticos y de las guerras por los recursos, es imprescindible rechazar los modelos energéticos extractivos y construir sistemas democráticos que prioricen la salud y la seguridad de la sociedad.